Algunos mucho más brillantes e informados que yo han derramado ya sus ideas sobre nuestras pantallas acercad de la "guerra económica" y sus últimos rounds, pero me interesa poner en tela de juicio algunos puntos que ni la brutal campaña mediática corporativa ni la errática y descoordinada "política" informativa del Estado venezolano han aclarado.
Lo primero es que, como ya muchos han terciado desde hace rato, toda guerra es económica. Nuestra guerra de independencia intentaba que los locales tuvieran el dominio de las riquezas y no el Imperio español. Visualicemos en nuestras mentes un mapa donde en vez de flujos de petróleo o migratorios grandes flechas dibujaran los flujos de capital. Las cifras de la CEPAL que avalan a Venezuela como el país menos desigual de la región nos dicen que la renta petrolera (básicamente la única fuente de divisas existente en nuestro país monoproductor) ha sufrido un monumental aunque aún insuficiente cambio en su distribución desde el arribo de Chávez al poder, lo que es en sí mismo una Revolución. De igual modo, en el plano internacional, el incremento por un lado de los aportes de la explotación petrolera al Estado mermando así los desproporcionados beneficios de las empresas transnacionales energéticas, así como la nacionalización de empresas básicas (CANTV, la actual CORPOELEC, etc.) y el fortalecimiento del sector público en áreas antes cotos cerrados de capitales predominantemente extranjeros, han cambiado progresivamente la dirección del chorro de dinero que antes se iba a Wall Street o a paraísos fiscales; los millones de dólares de dividendos de CANTV o del Banco de Venezuela que ahora se destinan a inversión social y que antes iban a accionistas privados en el exterior son muestra de ello. ¿Por qué creen si no que los grupos mediáticos ligados a grandes consorcios económicos mantienen una guerra de propaganda contra la Revolución Bolivariana? De igual modo, a lo interno la redistribución de la renta ha originado una batalla, un recrudecimiento de la lucha de clases que parafraseando a Clausewitz ha tomado a a política como la guerra por otros medios. En la Venezuela post petrolera, la clase dominante creció de la intermediación y del comercio, regada con las divisas que dejaba la monumental exportación petrolera, especie de piñata que una vez reventada y en virtud de esa Ley de la selva que es el capitalismo su contenido era acaparado por una minoría cada vez más poderosa, dejando a millones en la casi indigencia. Y no es un decir: 1998, el último año de la "Venezuela puntofijista", uno de los mayores exportadores de petróleo del siglo encontraba a la mitad de su población en pobreza. Si esto sólo no es suficiente para condenar por inmoral a un sistema, entonces nada lo será. Así que lo que sucede hoy es lo mismo: la batalla de unos pocos por acaparar las riquezas que deben ser de todos.
Es evidente que a este grupo de llamados empresarios, pensar en el "bien común" es algo que es superior a sus capacidades, o también que atribuir al bando contrario motivaciones altruistas equivale a confesar que el propio no las tiene. Como sea, jamás van a admitir que alguna regulación en sus operaciones sirva para "el bien común", porque evidentemente éste se contrapone al "bien privado": los miles de bolívares que el asalariado Juan Pérez deja de pagarles por algo que vale menos de la mitad, lo consideran dinero perdido, es decir, "un robo". Así nos vemos con otro ejemplo casi salido de Groucho Marx donde el universo se voltea, y el ladrón se convierte en héroe y la víctima en criminal.
En el caso de Daka y los demás negocios intervenidos, el Estado lo que ha hecho es hacer obedecer la Ley, que impide el reetiquetaje y la usura, ésta prohibida expresamente en nuestra Constitución:
Artículo 114. El ilícito económico, la especulación, el acaparamiento, la usura, la cartelización y otros delitos conexos, serán penados severamente de acuerdo con la ley.
Y sigue:
Artículo 117. Todas las personas tendrán derecho a disponer de bienes y servicios de calidad, así como a una información adecuada y no engañosa sobre el contenido y características de los productos y servicios que consumen, a la libertad de elección y a un trato equitativo y digno. La ley establecerá los mecanismos necesarios para garantizar esos derechos, las normas de control de calidad y cantidad de bienes y servicios, los procedimientos de defensa del público consumidor, el resarcimiento de los daños ocasionados y las sanciones correspondientes por la violación de estos derechos.
Estos artículos, junto con la Ley del INDEPABIS otorgan sustento jurídico amplio a las acciones recientemente realizadas por el Estado.
No ha habido confiscación alguna. Se ha conminado a las empresas infractoras a obedecer la Ley, que los obliga a retirar el remarcaje. Cuando un usuario adquiere un producto en Daka, se lo está comprando a esa empresa, que debe además cumplir con pagar sus impuestos, empleados, garantías al comprador, etc. No es el Estado el que vende, sigue siendo la Empresa infractora quien le vende al cliente pero ahora obedeciendo la Ley del Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (Indepabis),vigente desde 2009.
Ver también
Ver videos:
Lo primero es que, como ya muchos han terciado desde hace rato, toda guerra es económica. Nuestra guerra de independencia intentaba que los locales tuvieran el dominio de las riquezas y no el Imperio español. Visualicemos en nuestras mentes un mapa donde en vez de flujos de petróleo o migratorios grandes flechas dibujaran los flujos de capital. Las cifras de la CEPAL que avalan a Venezuela como el país menos desigual de la región nos dicen que la renta petrolera (básicamente la única fuente de divisas existente en nuestro país monoproductor) ha sufrido un monumental aunque aún insuficiente cambio en su distribución desde el arribo de Chávez al poder, lo que es en sí mismo una Revolución. De igual modo, en el plano internacional, el incremento por un lado de los aportes de la explotación petrolera al Estado mermando así los desproporcionados beneficios de las empresas transnacionales energéticas, así como la nacionalización de empresas básicas (CANTV, la actual CORPOELEC, etc.) y el fortalecimiento del sector público en áreas antes cotos cerrados de capitales predominantemente extranjeros, han cambiado progresivamente la dirección del chorro de dinero que antes se iba a Wall Street o a paraísos fiscales; los millones de dólares de dividendos de CANTV o del Banco de Venezuela que ahora se destinan a inversión social y que antes iban a accionistas privados en el exterior son muestra de ello. ¿Por qué creen si no que los grupos mediáticos ligados a grandes consorcios económicos mantienen una guerra de propaganda contra la Revolución Bolivariana? De igual modo, a lo interno la redistribución de la renta ha originado una batalla, un recrudecimiento de la lucha de clases que parafraseando a Clausewitz ha tomado a a política como la guerra por otros medios. En la Venezuela post petrolera, la clase dominante creció de la intermediación y del comercio, regada con las divisas que dejaba la monumental exportación petrolera, especie de piñata que una vez reventada y en virtud de esa Ley de la selva que es el capitalismo su contenido era acaparado por una minoría cada vez más poderosa, dejando a millones en la casi indigencia. Y no es un decir: 1998, el último año de la "Venezuela puntofijista", uno de los mayores exportadores de petróleo del siglo encontraba a la mitad de su población en pobreza. Si esto sólo no es suficiente para condenar por inmoral a un sistema, entonces nada lo será. Así que lo que sucede hoy es lo mismo: la batalla de unos pocos por acaparar las riquezas que deben ser de todos.
Los mitos de la derecha sobre las recientes acciones del Gobierno de Maduro para garantizar el acceso de la población a bienes y servicios
- "Esos dólares son míos para hacer lo que yo quiera"
- "Las alzas son por el costo de reposición"
- "Maduro mandó a saquear, confiscar, expropiar, robar", etc.
Es evidente que a este grupo de llamados empresarios, pensar en el "bien común" es algo que es superior a sus capacidades, o también que atribuir al bando contrario motivaciones altruistas equivale a confesar que el propio no las tiene. Como sea, jamás van a admitir que alguna regulación en sus operaciones sirva para "el bien común", porque evidentemente éste se contrapone al "bien privado": los miles de bolívares que el asalariado Juan Pérez deja de pagarles por algo que vale menos de la mitad, lo consideran dinero perdido, es decir, "un robo". Así nos vemos con otro ejemplo casi salido de Groucho Marx donde el universo se voltea, y el ladrón se convierte en héroe y la víctima en criminal.
En el caso de Daka y los demás negocios intervenidos, el Estado lo que ha hecho es hacer obedecer la Ley, que impide el reetiquetaje y la usura, ésta prohibida expresamente en nuestra Constitución:
Artículo 114. El ilícito económico, la especulación, el acaparamiento, la usura, la cartelización y otros delitos conexos, serán penados severamente de acuerdo con la ley.
Y sigue:
Artículo 117. Todas las personas tendrán derecho a disponer de bienes y servicios de calidad, así como a una información adecuada y no engañosa sobre el contenido y características de los productos y servicios que consumen, a la libertad de elección y a un trato equitativo y digno. La ley establecerá los mecanismos necesarios para garantizar esos derechos, las normas de control de calidad y cantidad de bienes y servicios, los procedimientos de defensa del público consumidor, el resarcimiento de los daños ocasionados y las sanciones correspondientes por la violación de estos derechos.
Estos artículos, junto con la Ley del INDEPABIS otorgan sustento jurídico amplio a las acciones recientemente realizadas por el Estado.
No ha habido confiscación alguna. Se ha conminado a las empresas infractoras a obedecer la Ley, que los obliga a retirar el remarcaje. Cuando un usuario adquiere un producto en Daka, se lo está comprando a esa empresa, que debe además cumplir con pagar sus impuestos, empleados, garantías al comprador, etc. No es el Estado el que vende, sigue siendo la Empresa infractora quien le vende al cliente pero ahora obedeciendo la Ley del Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (Indepabis),vigente desde 2009.
- "Maduro está acabando con el libre mercado"
Ver también
Más de mil 300 ventas ha realizado Daka de Boleíta tras colocación de precios justos
Ver videos:
